Con el objetivo de consolidar un modelo de gobernanza hídrica más eficiente, transparente y participativo, que permita mejorar la coordinación institucional la diputada Nancy Jeanine García Martínez propuso iniciativas de reforma a la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí.
La primera iniciativa, busca la adición del artículo 12 BIS de la Constitución Política del Estado, con el objeto de establecer bases claras para la coordinación entre la Federación, el Estado y los municipios en materia hídrica, así como para garantizar la participación informada, activa y efectiva de la ciudadanía en la planeación, gestión, vigilancia, y evaluación de la política hídrica.
Asimismo, se incorpora el reconocimiento del acceso a la información en materia hídrica y la obligación de garantizar la transparencia en la gestión, distribución y calidad del agua, como elementos indispensables para fortalecer la confianza pública y la rendición de cuentas.
De igual forma, se establece que la política hídrica deberá integrarse de manera transversal con el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y la protección ambiental, con el fin de asegurar la sustentabilidad de los recursos hídricos a largo plazoTambién, propuso adicionar el artículo 12 TER a la Constitución Política del Estado para buscar que la gestión del agua se rija por los principios de equidad intergeneracional, prevención, precaución, sustentabilidad, integralidad y responsabilidad ambiental.
Estos principios permiten orientar la toma de decisiones bajo un enfoque preventivo y de largo plazo, priorizando la protección del recurso hídrico frente a riesgos ambientales y sociales, así como la distribución justa de sus beneficios y cargas.
Además, se incorpora el enfoque de gestión integral por cuencas, el cual reconoce que el agua no puede ser administrada de manera aislada y bajo criterios administrativos únicamente, sino que debe atender a su dinámica natural dentro de los sistemas hidrológicos.
Este enfoque permite una mejor coordinación de acciones, la protección de los ecosistemas asociados y una gestión más eficiente del recurso, al considerar las interrelaciones entre aguas superficiales, los flujos de aguas subterráneas y los distintos usos de este recurso.
Se indica que las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus competencias, garantizarán el tratamiento, saneamiento y disposición adecuada de las aguas residuales, a fin de proteger la salud humana y preservar el equilibrio ecológico y asegurar la sostenibilidad de los recursos hídricos, de conformidad con la normativa aplicable.
Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus competencias, adoptarán medidas para garantizar la seguridad hídrica, considerando la variabilidad climática y los efectos del cambio climático, mediante políticas de prevención, adaptación y gestión de riesgos.Las iniciativas se turnaron para su análisis a las comisiones de Puntos Constitucionales; y, Agua.
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