Con el objetivo de evitar afectaciones a la economía de las familias y garantizar la seguridad alimentaria, el diputado Marco Antonio Gama Basarte presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la titular del Ejecutivo Federal a implementar acciones integrales que permitan estabilizar el precio de la tortilla ante el anunciado incremento en los costos de producción.
El legislador señaló que, si bien desde el Gobierno Federal se ha indicado que no existe justificación para un aumento en el precio de este producto básico, debido a que el costo del maíz blanco se mantiene estable, en la práctica existe una diferencia entre las cifras oficiales y la realidad que enfrentan los productores.
En este sentido, consideró fundamental establecer un diálogo directo entre los sectores productivos para generar certidumbre en el mercado y proteger a las y los consumidores. Asimismo, el Punto de Acuerdo plantea exhortar a las secretarías de Economía y de Agricultura y Desarrollo Rural, así como a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que, en el ámbito de sus atribuciones, instalen una mesa de diálogo urgente con representantes de la industria de la masa y la tortilla.
Gama Basarte explicó que, el propósito es analizar los costos reales de producción y evitar incrementos arbitrarios que impacten negativamente en la economía popular. Además, se propone evaluar la implementación de subsidios focalizados o apoyos técnicos dirigidos a pequeños y medianos productores, a fin de que puedan absorber el alza en energéticos e insumos sin trasladar el costo final a la ciudadanía.
El diputado advirtió que el incremento en el precio de la tortilla, al tratarse de un alimento básico en la dieta de las y los mexicanos, representa un riesgo a nivel nacional que requiere la intervención coordinada de las autoridades federales.
Señaló que esta problemática ya comienza a reflejarse en San Luis Potosí, donde, de acuerdo con reportes ciudadanos, el precio del kilogramo de tortilla en la zona metropolitana oscila entre los 24 y 27 pesos.El Punto de Acuerdo fue turnado a la Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso del Estado para su análisis.
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