Para que San Luis Potosí tenga un marco normativo actualizado, claro y efectivo que permita prevenir, atender y sancionar el acoso sexual en todas sus formas, la diputada Diana Ruelas Gaitán propuso una iniciativa para reformar disposiciones del Código Penal del Estado.
Establece que, comete el delito de acoso sexual, quien en ejercicio abusivo de poder o sin que exista relación de subordinación, ejecute actos que generen para la víctima un estado de intimidación, indefensión, riesgo u hostilidad, o le demanda actos de naturaleza sexual con fines lascivos, atentando contra su libertad y dignidad sexual, independientemente de que la conducta se realice en uno o varios eventos.
El delito de acoso sexual tiene una penalidad de uno a tres años de prisión y multa de 100 a 300 días del valor la unidad de medida y actualización, misma que se propone incrementar de tres a cinco años de prisión, así como de 300 a 500 días multa, con base en el valor de la unidad de medida y actualización, en los casos de que la víctima sea menor de edad, persona adulta mayor, persona con discapacidad o se encuentre en situación de especial vulnerabilidad.
Además, cuando se utilicen datos personales sensibles, obtenidos o difundidos dolosamente, para facilitar la aproximación a la víctima; cuando se incumplan medidas de protección, órdenes de restricción o cualquier disposición dictada por autoridad competente para salvaguardar a la víctima.
Si el acosador es servidor público o docente, y se vale de medios o circunstancias que el cargo le proporciona, en cuyo caso, además de la pena señalada, se le destituirá del cargo y se le impondrá inhabilitación para ejercer cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público por un periodo igual al de la pena de prisión impuesta.
En caso de reincidencia en cualquiera de los supuestos, se impondrá prisión de tres a siete años.La legisladora destaca que esta modificación propuesta representa un paso firme hacia la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, en la que las conductas que atentan contra la libertad y la dignidad de las personas no sean toleradas ni normalizadas, sino sancionadas con la firmeza que corresponde, enviando un mensaje claro de que el acoso sexual es una forma de violencia que no tiene cabida en nuestro Estado.
La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión Primera de Justicia.
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